La Verdad

Lorca, 15 nov (EFE).- La Oficina de Reconstrucción puesta en marcha por el Ayuntamiento de Lorca tras los terremotos que devastaron la ciudad en mayo de 2011 sigue atendiendo a una media de cien personas al día, cuando se han cumplido seis años y medio de la catástrofe que provocó el derribo de más de 1.100 viviendas.

El portavoz del ayuntamiento, Francisco García, ha explicado que los técnicos de la oficina han tramitado hasta ahora 3.506 documentos de múltiples materias para completar los expedientes a afectados por los seísmos.

En este departamento se han elaborado 6.810 oficios que han sido remitidos a petición de los ciudadanos, pero además se ha tramitado la declaración de 926 ruinas de inmuebles, además de formular 872 alegaciones, 809 recursos potestativos, 205 recursos de carácter extraordinario y 24 de alzada.

Durante la presentación de un balance estadístico del funcionamiento del servicio, García ha señalado que los técnicos de la oficina han sido también responsables de 1.183 inspecciones técnicas para la obtención de prórrogas de ayudas públicas a damnificados.

El concejal ha resaltado la utilidad de este servicio para la consecución de trámites relacionados con la reconstrucción de inmuebles, de recursos de cualquier tipo ante administraciones, seguros privados o comunidades de propietarios, así en la elaboración de una amplia batería de documentos acreditativos, oficios, tramitación de ruinas técnicas o económicas.

García ha afirmado que "cada caso derivado de los terremotos obtiene en esta oficina una atención personal e individualizada, porque la idiosincrasia particular de cada familia afectada por los seísmos contiene una multiplicidad de cuestiones que procedemos a analizar y ordenar para obtener una solución concreta".

Como ejemplo destacado, ha recordado que el trabajo de este departamento permitió desbloquear la reconstrucción de más de 80 casas y edificios gracias a la aprobación de la Ley de Sustitución que disolvía las minorías de bloqueo, y se han podido constituir más de 40 nuevas comunidades de propietarios de bloques de viviendas que no contaban con esta entidad, algo que impedía la obtención de ayudas o subvenciones.