La Verdad

Murcia, 15 nov (EFE).- Ciudadanos y Ahora Murcia han exigido hoy explicaciones al alcalde de Murcia, José Ballesta, sobre la supuesta investigación que la Agencia Tributaria está llevando a cabo sobre un pleno de 2007 en el que el Ayuntamiento declinó ejercitar su derecho de adquisición preferente de las acciones de la parte privada de Aguas de Murcia.

Esa investigación, según publicaron ayer medios de comunicación regionales, estaría ligada al denominado Caso Pokémon y los investigadores tratan de dilucidar si la corporación municipal,

integrada entonces por PP, PSOE e IU, renunció a la compra del 49 por ciento de las acciones de al empresa que correspondían a capital privado basándose en un informe de empleados de Emuasa y no de los servicios jurídicos municipales.

El portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, ha solicitado un requerimiento expreso al alcalde para que informe sobre la veracidad de esa información y confirme o desmienta la existencia de los informes mencionados.

También ha reclamado conocer las posibles consecuencias para la empresa municipal de aguas y las actuaciones que se prevén llevar a cabo de comprobarse que hubo prácticas irregulares.

Por su parte, Ahora Murcia ha solicitado una copia del expediente y de la documentación relacionada con ese pleno para conocer "con qué criterios y en base a qué informes se tomó tal decisión, y cuáles fueron los argumentos técnicos y económicos que justificaron que el Consistorio aprobara mantener la gestión en manos de una empresa privada y ni siquiera valorara la posibilidad de remunicipalizar el servicio".

El partido ha mostrado su "perplejidad" por el hecho de que un asunto de tal trascendencia para el municipio fuera aprobado "por unanimidad y sin debate, a pesar de que la gestión del agua en el municipio arroja resultados como que los murcianos pagan el recibo de agua más caro del país".

Además, la formación se ha preguntado si el Ayuntamiento "optó por defender beneficios privados por encima del interés general, al apostar por continuar con un modelo de gestión del agua que a día de hoy no está sujeto a una fiscalización pública".