La Verdad

(Actualiza la MU2072 con declaraciones del concejal de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez-Oliva)

Murcia, 14 nov (EFE).- La oposición en el Ayuntamiento de Murcia han pedido hoy explicaciones sobre la adjudicación del contrato para la gestión de los impuestos locales a la empresa Tribugest tras las informaciones del diario La Verdad sobre el caso Pokémon y posibles viajes pagados por Agbar al exconcejal del PP Joaquín Moya-Angeler.

Según la investigación del caso, el grupo empresarial Aguas de Barcelona (Agbar), al que pertenece Tribugest y también Hidrogea, con el 49 % de Aguas de Murcia -el 51 % es de la municipal Emuasa-, habría pagado al menos una docena de viajes al exedil de Economía y Hacienda entre 2005 y 2010, cuando era alcalde Miguel Ángel Cámara.

Los viajes eran principalmente a Barcelona, donde está la sede de Agbar, pero también figuran otros que podrían ser de placer a Albacete, Ciudad Real, Valladolid y Oviedo.

Tras conocer esta información, la portavoz del grupo municipal socialista, Susana Hernández, ha pedido una comisión de investigación para aclarar todo el proceso de adjudicación de la recaudación a Tribugest, de la que "desde hace años, casi un década, hay un cerco de sospecha que no cesa".

Ha insistido en las "muchas dudas" acerca de la relación entre el exconcejal y la empresa desde que se externalizó ese servicio hace dos décadas y ha pedido su remunicipalización, dado que "la mayoría de los murcianos paga sus impuestos en tiempo y forma".

En ese sentido, el portavoz municipal de Ciudadanos, Mario Gómez, se ha preguntado para qué se mantienen los servicios de Tribugest para una gestión integral de los tributos cuando el 80 % de ellos son abonados de manera voluntaria por los contribuyentes.

"Eso es regalar el dinero de los murcianos a un tercero y descapitalizar nuestro ayuntamiento reduciendo su capacidad de inversión", ha insistido.

Ha pedido que el servicio vuelva a ser de gestión pública y que se convoque la Comisión de Vigilancia de la Contratación para analizar los pormenores de este contrato.

El portavoz de Cambiemos, Ignacio Tornel, ha dicho que "lo verdaderamente significativo", más allá de los posibles viajes pagados a Moya-Angeler, son las "posibles implicaciones que estos hayan podido tener en la contratación pública del ayuntamiento".

Así, ha lamentado que las cuentas de una empresa en su mayoría pública como es Emuasa "no estén fiscalizadas" por el ayuntamiento y ha opinado que todo el proceso de externalización de la gestión de los tributos "está viciado" porque "no había una necesidad objetiva de que la llevaran a cabo empresas privadas".

Por último, la portavoz municipal de Ahora, Alicia Morales, ha considerado "muy grave" la situación en la que se encuentra el consistorio por las posibles "irregularidades, prebendas y malas prácticas en la gestión de contratos".

Ha recordado que el contrato con Tribugest supone una inversión anual de 6 millones de euros, "cuando los sindicatos han señalado que se trata de una externalización innecesaria", y que de confirmarse las investigaciones del caso Pokemon, podría ser un contrato "viciado desde su mismo inicio".

Desde el equipo de Gobierno, el concejal de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez-Oliva, ha explicado que el actual contrato con Tribugest está vigente desde 2015 y el que aparece en la información del caso Pokemon es el que había de 2008 a 2014.