La Verdad

Cartagena, 14 nov (EFE).- La consejera de Transparencia, Participación y portavoz, Noelia Arroyo, ha aceptado hoy, durante la presentación ante la Asamblea Regional del Plan de Gobierno Abierto, la propuesta de reformar la Ley de Transparencia realizada por todos los grupos, que ha condicionado a que haya consenso y no genere "inseguridad jurídica".

Durante su comparecencia a petición propia, Arroyo ha detallado los principales ejes del Plan de Gobierno Abierto, el cuarto de sus características que se pone en marcha en España tras iniciativas similares en Cataluña, Canarias y a nivel estatal, y que pretende colocar a los ciudadanos en el centro de la toma de decisiones.

Arroyo ha insistido en la necesidad de ahondar en la publicidad activa y en la implicación de los murcianos desde edad escolar, admitiendo que, "a la hora de la verdad, hay poca participación", que ha achacado al "desconocimiento".

Así, cerca de 15.000 personas, un 1% de la población, y 700 entidades han formado parte de los procesos participativos que se han realizado, mientras que un total de 460 funcionarios han opinado sobre el Plan de Gobierno Abierto.

La consejera ha anunciado que el decreto sobre Participación Ciudadana está actualmente en el Consejo Económico y Social y prevé su aprobación definitiva durante el primer trimestre de 2018, al tiempo que se ha comprometido con el Consejo de la Transparencia a que antes de finales de año estén los datos de los funcionarios en el Portal de la Transparencia.

Al respecto, ha concretado que la publicación de esta información exceptuará el nombre y apellidos del personal laboral fijo, funcionarios y asesores eventuales, con el fin de no ser sancionados nuevamente por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Desde los grupos parlamentarios, la diputada del PSOE Presentación López ha valorado el interés de Arroyo en avanzar en la materia, pero ha denunciado que el Gobierno regional está incumpliendo desde hace tres años la Ley de Transparencia, cuya reforma ha solicitado para que se dé potestad ejecutiva al Consejo de la Transparencia y se incluya en su ámbito de actuación a los ayuntamientos.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, ha cargado contra la "posverdad" que supone que Arroyo lidere las iniciativas en transparencia cuando ha defendido la actuación del expresidente Pedro Antonio Sánchez, además de apostar por una nueva ley que dé "potestad sancionadora" al Consejo de la Transparencia.

Su homólogo de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha reclamado más financiación y que se dote de personalidad jurídica al Consejo de la Transparencia, al tiempo que ha solicitado que haya protección sobre el funcionario que denuncie prácticas irregulares.

Finalmente, el portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez, ha apostado por que sea el Gobierno regional el que tramite la reforma de la Ley de Transparencia para que haya un texto que tenga "plenas garantías jurídicas" y deje de ser el "papel mojado que es hoy", aunque ha matizado que se opondrán a que el Consejo de la Transparencia tenga capacidad sancionadora.