La Verdad

Murcia, 12 oct (EFE).- La Consejería de Fomento e Infraestructuras del gobierno murciano deberá responder de los daños producidos en unas parcelas de frutales que resultaron afectados por la aplicación de herbicida por el servicio encargado de la conservación de carreteras.

Así se indica en un informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que considera que la responsable patrimonial es la administración regional, aunque la responsable final del pago de la indemnización debe ser la adjudicataria del servicio de conservación.

El dictamen considera probado que la aplicación de herbicida para matar las malas hierbas en la carretera que une la Venta del Olivo y Calasparra afectó a unos árboles frutales de la zona, por lo que se ha dado la relación de causalidad que debe existir para que surja la responsabilidad patrimonial de la administración.

No obstante, difiere del reclamante, ya que señala que los daños probados se elevan a 337 euros, frente a los 12.300 reclamados por el propietario de la explotación afectada.

El informe del CJRM estima acreditados los perjuicios en los árboles plantados en las inmediaciones de la zona sobre la que se aplicaron los herbicidas, pero no así los reclamados por otros que se encuentran más hacia el interior.