La Verdad

Madrid/Murcia, 3 ago (EFE).- El número de empresas de la Región que se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en el segundo trimestre de 2017 ascendió a 30, según publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Comunidad sumó en ese periodo 37 deudores concursados (un 27,5 % menos que en el segundo trimestre del pasado año), de los cuales 29 recurrieron voluntariamente al concurso de acreedores.

De estos 37 deudores, 7 fueron personas físicas sin actividad empresarial y el resto, 30, fueron empresas (2 sociedades anónimas, 26 sociedades de responsabilidad limitada y 2 empresas de otros tipos).

Cataluña y la Comunidad de Madrid concentraron en el segundo semestre el 41,3 % de los deudores concursados en España, mientras que fue en La Rioja donde se produjo la mayor bajada en términos de variación anual tras caer un 55,6 %; por el contrario, Canarias experimentó el repunte más notable, del 48,1 %.

Tras Cataluña (335) y Madrid (267) se encuentran, por orden, Valencia (175) y Andalucía (146).

Por debajo del umbral de los cien procedimientos, País Vasco (89); Galicia y Castilla y León (69 en ambos casos); Aragón (56); Castilla-La Mancha (54); Canarias (40); Murcia (37); Baleares (31); Asturias (30); Extremadura (19); Cantabria y Navarra (17); y La Rioja (4).

En el conjunto de España se declararon en concurso de acreedores en el segundo trimestre del año un total de 1.189 empresas, un 5,5 % más que en el mismo periodo del año anterior.

A tenor de los datos recogidos por la Estadística de Procedimiento Concursal, el número total de deudores (incluidas personas físicas) ascendió a 1.457, un 4,3 % más que en el periodo comprendido entre abril y junio de 2016.

Del total de concursos, 1.359 fueron voluntarios (un 4,8 % más que en el segundo trimestre del 2016), y 98 necesarios (un 2 % menos), mientras que por clase de procedimiento, los ordinarios aumentaron el 8,2 %, y los abreviados, el 3,7 %.

Al margen de las empresas concursadas, que constituyen un 81,6 % del total de deudores, la estadística muestra que otras 268 personas físicas sin actividad empresarial, el 18,4 % restante, también optaron por esta vía.

En cuanto a la forma jurídica, un 79,9 % de las compañías eran sociedades de responsabilidad limitada; y del total, el 34,2 % se situaban en el tramo más bajo del volumen de actividad (menos de 250.000 euros).

Respecto a la actividad que desarrollaban, el 22,1 % pertenecía al comercio, el 16,4 % a la construcción y el 14,4 % al resto de servicios.

Todos se han producido al amparo de la Ley Concursal, aprobada de forma definitiva en mayo de 2015, y que persigue que las empresas que acuden a estos procedimientos y son viables puedan seguir operando, al tiempo que permite a los acreedores cobrar parte de su deuda.

Dicha ley extiende los efectos del convenio general a los acreedores disidentes o que no se hayan sumado a este, incluidos los públicos, siempre que se superen unos determinados porcentajes de adhesión.