La Verdad

Murcia, 20 jun (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una cooperativa de viviendas de Caravaca de la Cruz y tres de sus socios contra la sentencia de un Juzgado de Primera Instancia que desestimó la demanda que presentaron contra Banco Santander, entidad que en su día concedió un préstamo para financiar las obras.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que esta cooperativa del edificio Cuesta Castillo presentó una demanda contra el banco para que se declarara la nulidad del contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito en septiembre de 2009 por importe algo superior a los 900.000 euros.

En el contrato, el banco aparecía como prestamista y, como prestataria, la sociedad cooperativa, con un aval solidario de cinco socios, entre ellos, el presidente de la misma.

Tras finalizar las obras, en junio de 2011, el banco se negó a facilitar la parte del préstamos pendiente de entrega, que se elevaba a 50.000 euros, así como a conceder una ampliación del préstamo por 40.000 euros y a permitir la subrogación en el préstamo hipotecario a las tres personas físicas que presentaron la demanda junto con la cooperativa.

Para tomar esa decisión, la entidad bancaria señaló que lo hacía porque esas tres personas físicas carecían de la solvencia necesaria para poder asumir la propuesta que se le planteaba.

En su recurso, alegaron que el contrato de préstamo debía ser declarado nulo, al concurrir un error esencial e invencible y que se había redactado de forma unilateral, por lo que propusieron que el banco se quedara con el edificio y les abonara los 207.000 euros que habían aportado a la cooperativa para su construcción.

La Audiencia, al desestimar el recurso, dice que "no estamos ante un contrato nulo por error en el consentimiento -las partes sabían o podían saber con un mínimo empeño lo que firmaban-, sino ante una operación mercantil que no ha resultado bien, pretendiendo los apelantes que la entidad financiera asuma las pérdidas".

Y añade que "se ha de tener en cuenta que los demandantes no son meros consumidores, sino que el presidente de la cooperativa es empleado de banca, y dos de los tres cooperativistas demandantes son administradores de empresas relacionadas con la actividad inmobiliaria".