La Verdad

Murcia, 20 jun (EFE).- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) contra un auto que rechazaba extender la competencia de la pieza separada del caso Púnica a otras personas distintas del aforado Sánchez e investigadas por la Audiencia Nacional.

El tribunal murciano ha circunscrito su competencia en la rama del caso Púnica en la Región al expresidente Pedro Antonio Sánchez y al miembro de su gabinete David Conesa, y permite personarse a un exedil del PSOE Antonio López López, siempre que "actúe en el presente procedimiento bajo la dirección y representación de ADADE -primera personada-, en los mismo términos en que ya lo viene haciendo el Partido Socialista Obrero Español".

Además el tribunal impide que se persone el Ayuntamiento de Cartagena al entender que carece de legitimación pues, la presunta intervención de Pilar Barreiro en los contactos mantenidos por personas vinculadas a Educación con otras personas no incluidas en este procedimiento, así como su presunta inclusión "entre los potenciales beneficiarios de los trabajos reputacionales que serían supuestamente cargados al presupuesto de la Consejería" son circunstancias que no permiten individualizar un concreto perjuicio para el Ayuntamiento, necesario para mantenerse como acusación particular en este procedimiento.

ADADE alegaba el peligro de dictado de resoluciones contradictorias, la pérdida de la visión de conjunto y el perjuicio que provocaría a las acusaciones en la defensa de sus intereses.

La Sala, tras recordar que se trata de aspectos que fueron objeto de expresa consideración por la resolución recurrida, advierte de que éstos han de sopesarse con idéntico cuidado con los otros derechos e intereses en conflicto.

"Se trata de una ponderación entre principios de rango constitucional que, por tanto, debe hacerse con suma prudencia y desde la evidencia de que no resulta diáfano ni sencillo alcanzar un criterio que resulte indiscutible y no presente fisuras", explica el auto.

En el auto recurrido de mayo pasado, los magistrados concluyeron que los bienes jurídicos que se resentían si se separaba la continencia de la causa en la forma reclamada por la recurrente eran mayores.

"Fundamentalmente porque la recurrente pone su acento en los efectos que la decisión adoptada produce en su posición de acusador, pero orilla el aspecto fundamental de la cuestión, cual es que la decisión de extender la competencia de la sala al resto de no aforados comprometería de forma muy relevante el derecho de estos últimos a su juez natural", añade.

La Sala estimó en mayo que las actuaciones de la Consejería de Educación que dirigía Sánchez y las que hubieran podido llevarse a cabo en la de Industria, en los Ayuntamientos de Cartagena y de Molina de Segura, "son escindibles sin que se lesione derecho alguno y sin que exista riesgo de decisiones judiciales contradictorias ni afectación de la continencia de la causa por el hecho de que una y otras sean objeto de procedimientos distintos".