Barcelona, 30 jul (EFE).- La Junta del Orfeó Catalá ha desmentido hoy que haya exonerado a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de posibles responsabilidades por el caso del Palau de la Música y ha anunciado que se reserva la posibilidad de emprender acciones legales si las diligencias judiciales aportan nuevas pruebas.
La Junta de esta entidad, reunida esta misma tarde en sesión extraordinaria, ha emitido un comunicado en el que desmiente las informaciones según la cual el Orfeó Català exoneraba a CDC de responsabilidades, como afirmó el propio secretario general de Convergencia, Oriol Pujol.
CDC ha respondido esta misma tarde que "nunca" ha dicho que la fundación privada Orfeó Català-Palau de la Música y la Asociación Orfeó Català hayan "exonerado" al partido del caso Palau de la Música, porque eso "sólo lo puede hacer un juez".
Fuentes de CDC han remarcado que su partido es consciente de que "exonerar sólo lo puede hacer un juez", si bien ciertamente la carta de la fundación y la asociación del Orfeó Català señalaba el dato de que "no hay nada que reclamar" a la formación convergente.
La Junta del Orfeó ha ratificado el contenido del escrito enviado al juez, con motivo de su interlocutoria del pasado 18 de julio, donde se manifestaba que a esa fecha no le constaban "indicios de cantidades exigibles a CDC".
El Orfeó ha anunciado que se reserva el derecho de emprender acciones en el caso de que se deriven responsabilidades expresas de las diligencias ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona.
Esta entidad cultural también anunció que tomará las medidas necesarias para aclarar los hechos y conseguir el resarcimiento de las cantidades "que el antiguo equipo gestor del Palau haya dispuesto indebidamente", como sucedió con el caso de la Fundación Catdem, vinculada a CDC, o el de Àngel Colom.
Convergència tuvo que depositar una fianza de 3,2 millones de euros para responder judicialmente por las acusaciones que le vinculan con el caso del desvío de fondos del Palau de la Música y su supuesta financiación ilegal a través de comisiones pagadas por empresas a cambio de adjudicaciones. EFE
