Toledo, 16 jun (EFE).- El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, sostiene que los 2.918 millones de euros que la Junta pagará en próximas fechas a sus proveedores van a tener un "impacto tremendo" en la economía regional, en una época en la que "la asfixia financiera" ha sido "tremendamente perjudicial" para las empresas.
Romaní, en una entrevista con Efe, hace estas declaraciones ante el visto bueno del Consejo de Ministros a Castilla-La Mancha a endeudarse para pagar sus facturas pendientes a través del mecanismo de pago a proveedores.
La Junta abonará mediante este mecanismo 593.906 facturas a 9.190 proveedores, con un desembolso total de 2.918 millones de euros.
El consejero recuerda que, en términos relativos, Castilla-La Mancha es la región que más facturas va a pagar, porque era la que más acumulaba, de modo que "el impacto va a ser muy beneficioso", pues "va a permitir a los empresarios disponer de liquidez", uno de los "problemas más grandes" que tiene la economía real.
"Con esto, aliviamos la situación, inyectamos liquidez o la gente reducirá el riesgo", expone Romaní, quien manifiesta su confianza en que será "una muy buena noticia para la economía regional y dará sus frutos".
El responsable de Hacienda de Castilla-La Mancha plantea que la Junta ha acumulado "un volumen increíble" de facturas sin pagar porque gastaba "mucho más" de lo que ingresaba y porque, además, no tuvo permiso para endeudarse desde 2010 hasta este año.
"El haber tenido el récord de déficit en 2011 tiene sus consecuencias: Somos también los que tenemos el récord en pagos pendientes a proveedores", concluye.
Romaní es consciente de que "la asfixia financiera ha sido terriblemente perjudicial para las empresas" y los impagos generan "un efecto dominó" entre las empresas de efectos muy nocivos.
"Por eso es muy importante ordenar las cuentas públicas, para que eso no ocurra. No puede ser la administración una asfixia, tiene que ser un apoyo al crecimiento, a la creación de empleo. No tiene que ser un obstáculo, ni un problema añadido", sostiene.
Al margen de lo que se pague por la vía de este mecanismo de pagos, quedarán pendientes otros 700 millones de euros correspondientes a subvenciones y a otras transferencias, por ejemplo a Ayuntamientos.
Algunas de esas subvenciones se concedieron por el anterior Gobierno sin el correspondiente crédito presupuestario, porque, como ha constatado el síndico de Cuencas, "se operaba con muchísimos defectos desde el punto de vista administrativo", lo que plantea dificultades para regularizar esa situación.
No obstante, el consejero deja claro que "el que no tiene la culpa es quien recibía la subvención", por lo que no puede pagar la "insensatez de algunos directivos que no observaban o cumplían los requisitos de las normas para conceder subvenciones".
