Valdepeñas (Ciudad Real), 22 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Valdepeñas ha asegurado hoy que este consistorio "no tiene conocimiento de la tramitación de la querella" contra el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín (PSOE), y contra el edil de este consistorio y diputado regional Felipe Rodríguez por un presunto delito de prevaricación respecto al proceso de selección de una plaza de arqueólogo municipal por concurso oposición.
Así lo ha manifestado en un comunicado, tras conocerse hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) ha admitido a trámite la citada querella.
El consistorio asegura también desconocer los motivos que dan lugar a la querella, " si existiera", además de sorprenderles la aparición de algunos nombres, entre los que figura el alcalde de Valdepeñas y el secretario, "ya que no formaron parte de este proceso selectivo fechado en 2006 al que aluden las informaciones".
El Ayuntamiento asegura que está a disposición de los tribunales, "a los que respeta y acata", y que, en cuanto conozca la querella, se personará en los autos para "defender el buen nombre de la Administración y el de los funcionarios".
La querella, presentada por el arqueólogo Luis Benítez de Lugo que concurrió al proceso selectivo que tuvo lugar en abril de 2006, también afecta al secretario general del Ayuntamiento de Valdepeñas, Manuel Villajos; al técnico de la Administración General del consistorio, Salvador Galán; al representante de CCOO Juan Rodríguez y a la profesora de la Universidad Regional, Rosario García, que también formaron parte del tribunal.
En el auto de admisión a trámite, al que ha tenido acceso EFE, el tribunal asume el criterio del Ministerio Fiscal, que ha considerado que se cometieron "diversas irregularidades durante el proceso selectivo, con la intención de favorecer a uno de los aspirantes".
La querella se ha interpuesto después de que el juzgado de lo contencioso-administrativo de Ciudad Real y el TSJC-M hayan fallado, en dos ocasiones cada uno, contra el ayuntamiento por considerar que se favoreció de forma ilegal al arqueólogo municipal interino Julián Vélez, al que se le dio la plaza "vulnerando intencionalmente la ley con la intención de intervenir en el normal devenir del proceso selectivo".
