Castro Urdiales, 19 mar (EFE).- Dos socios de Urdicam Promociones han presentado una querella contra el titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez Lázaro, para el que han solicitado dos años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.
El juez querellado ha instruido el llamado "caso Urdicam", en el que se acusa a 17 concejales y ex ediles de Castro Urdiales, entre ellos los dos últimos alcaldes, y a varios técnicos de haber aprobado a sabiendas de su ilegalidad una serie de modificaciones urbanísticas destinadas a favorecer a empresarios promotores.
Ese procedimiento afecta, entre otras, a una urbanización construida por la empresa Urdicam en el entorno de Santa Catalina y en él figuran los dos querellantes, Florencio Gómez y Ángel Herrera, como imputados por supuestos delitos de falsedad, estafa continuada y contra la ordenación del territorio.
Aunque las acusaciones particulares mantienen sus imputaciones contra los empresarios que construyeron en esa zona, el Ministerio Fiscal ha pedido que el caso sea sobreseído en lo que a ellos concierne, por entender que no hay pruebas de que actuaran "en connivencia" con los concejales y técnicos que autorizaron el desarrollo urbanístico de Santa Catalina.
Sin embargo, el fiscal sí pide que se anulen los instrumentos urbanísticos de los que depende el desarrollo realizado en esa zona del municipio, como una modificación del planeamiento, el estudio de detalle y el proyecto de reparcelación.
En su querella los empresarios acusan al juez de haberles intentado "estrangular" durante el procedimiento con las fianzas que les ha impuesto, para buscar "el colapso económico" de su empresa, de tramitar con "un retardo injustificado" sus recursos y de haberles sometido a un trato "discriminatorio" con respecto a otros imputados cuando fueron detenidos e interrogados .
Pero, además, censuran que el pasado 6 de marzo el juez dictase una providencia en la que ofrecía a los compradores de sus viviendas personarse en el procedimiento, ante la posibilidad de que éstas fueran declaradas ilegales, porque consideran que con ello Sánchez Lázaro ha "utilizado su cargo para continuar el acoso".
Los querellantes dicen que esa providencia tiene un "espíritu incendiario y evidente intención", la consideran "inexplicable" y "a todas luces contraria al sentido de la lógica y de la legalidad", y opinan que constituye un "exceso sin precedentes" de la facultad juzgadora del magistrado.
A su juicio, la actitud mantenida por éste al "incentivar" las denuncias de los compradores contra la empresa y "estimular" el ejercicio de las acciones civiles y penales contra la misma y sus administradores es "irregular y extraña", y supone "la más palmaria demostración de la inquina" mantenida con la promotora y "la saña" con que se ha tratado a los querellantes.
Según mantienen los empresarios de Urdicam, esa providencia constituye además una "grave e injusta transgresión de la función jurisdiccional" al "jalear" a los afectados de "forma frívola y sin información adecuada a confrontar inútilmente" con la promotora para mantener una "tesis errónea" del juez que, según aseguran, se ha ido "desmoronando poco a poco" hasta quedarse "solo, sin apoyos". EFE
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